Acoso laboral en subcontratas: El precio de la lealtad profesional
Trabajadores denuncian represalias en centros públicos por negarse a realizar prácticas irregulares.
La subcontratación en el sector público español está generando situaciones alarmantes de vulnerabilidad laboral. Los trabajadores subcontratados que prestan servicios en centros públicos denuncian un incremento de casos de represalias cuando se niegan a realizar prácticas irregulares solicitadas por el personal funcionario.
El problema se agrava especialmente durante los cambios de contrata. Algunos empleados del centro público intentan influir en las nuevas adjudicatarias para prescindir de aquellos trabajadores que mantuvieron su integridad profesional y se negaron a realizar actuaciones éticamente cuestionables.
La Inspección de Trabajo ha detectado un aumento significativo de denuncias relacionadas con este tipo de situaciones. Los trabajadores afectados describen patrones similares: primero reciben presiones para realizar acciones irregulares, después sufren hostilidad al negarse y finalmente enfrentan intentos de forzar su salida durante el cambio de empresa.
Las consecuencias de estas prácticas son devastadoras. Muchos profesionales cualificados y con años de experiencia acaban abandonando sus puestos, mientras otros sufren problemas de salud mental debido al estrés continuado. El miedo a perder el empleo silencia muchas situaciones de acoso.
La legislación laboral contempla sanciones severas para estas prácticas. Las empresas que cedan a presiones externas para despedir trabajadores pueden enfrentar multas de hasta 10.000 euros por empleado afectado, además de posibles demandas por vulneración de derechos fundamentales.
Información elaborada por AlertaTrabajo.com a partir de documentación oficial de la Inspección de Trabajo y datos del Observatorio de Riesgos Psicosociales.