Administraciones públicas y subcontratas: ¿garantes de derechos o cómplices del abuso laboral?
Cada vez más servicios públicos se prestan con contratos precarios y derechos recortados
El negocio de la externalización: menos derechos, más precariedad
Durante los últimos años, las administraciones han recurrido masivamente a la externalización de servicios públicos: limpieza, comedores escolares, ayuda a domicilio, residencias, mantenimiento, sanidad…
El resultado ha sido, en demasiados casos, una carrera por el precio más bajo que se traduce en plantillas recortadas, salarios mínimos y recortes de derechos.
Ejemplo reciente: en enero de 2025, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Madrid iniciaron una huelga indefinida no contra su empresa, sino contra la Comunidad de Madrid.
¿El motivo? La Administración no actualizaba los pliegos y las adjudicatarias no podían pagar los salarios pactados en convenio.
Resultado: cientos de profesionales trabajando por debajo del SMI y una huelga que paralizó la atención a los mayores dependientes.
En hospitales y colegios, muchas adjudicatarias recortan plantillas, alargan jornadas o “olvidan” pagar pluses y antigüedad.
Y la administración, que debería garantizar condiciones dignas, se desentiende.
Cuando la administración mira para otro lado
Las administraciones suelen escudarse en que “la empresa adjudicataria debe cumplir la ley y el convenio”.
Pero ¿quién controla que eso ocurra? ¿Cuántas veces se rescinden contratos a empresas reincidentes?
La respuesta es desoladora: muy pocas.
Falta voluntad política, medios y, en ocasiones, incluso interés.
En los concursos públicos, muchas veces se adjudica el servicio a la oferta más barata, aunque sea a costa de precarizar al personal.
Así, la administración se convierte en cómplice necesario de los abusos.
El papel de la Inspección y la falta de recursos
Aunque la Inspección de Trabajo tiene competencia para actuar, sufre una crónica falta de medios.
Sindicatos y colectivos llevan años exigiendo más inspectores y sanciones más duras, pero el avance es insuficiente.
Mientras tanto, los trabajadores subcontratados se quedan en tierra de nadie: ni la empresa ni la administración quieren asumir la responsabilidad.
La paradoja del empleo público precario
En España hay miles de trabajadores subcontratados en servicios públicos (limpieza, seguridad, comedor, dependencia…) que no disfrutan de los derechos de los empleados públicos.
Muchas veces ni siquiera cobran a tiempo o tienen condiciones dignas, pese a trabajar para la administración.
Un modelo que precariza en nombre del “ahorro”, pero que en realidad alimenta la desigualdad y la frustración.
Reflexión crítica
Mientras las administraciones no asuman su papel de garantes de los derechos laborales en todas las contratas y subcontratas, el deterioro del empleo seguirá.
No basta con sacar pliegos y mirar hacia otro lado: hay que vigilar, sancionar y, si hace falta, rescindir contratos a empresas abusivas.
Si el Estado no predica con el ejemplo, ¿qué autoridad tiene para exigir a los demás que cumplan la ley?
Solo con vigilancia real, transparencia en los concursos y voluntad política se puede frenar esta sangría de derechos.