Europa pone en jaque la indemnización por despido en España: ¿quién protege al trabajador?

lunes, 31 de marzo de 2025

El Consejo de Europa sentencia: la actual compensación por despido improcedente no es justa ni suficiente. El Gobierno, entre la presión europea y el miedo empresarial.


España acaba de recibir un nuevo varapalo desde el corazón de Europa.

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha dictaminado que el sistema de indemnización por despido improcedente vigente viola la Carta Social Europea, dejando a millones de trabajadores desprotegidos ante despidos arbitrarios y mal pagados.


¿Qué dice Europa exactamente?


El CEDS considera que la indemnización por despido en España —actualmente de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades— no siempre compensa de forma adecuada el daño sufrido por el trabajador despedido.

Especialmente en casos de contratos cortos, esta fórmula no disuade a las empresas de despedir ni garantiza una reparación justa.

Y lo más grave: no es la primera vez que Europa da este toque de atención.

En los últimos años, varios organismos europeos ya habían advertido que el modelo español de despido barato y ágil beneficia al empresario y castiga al trabajador.

Ahora, la sentencia es clara: esto vulnera derechos fundamentales.


¿Y ahora qué? ¿Reforma o maquillaje?


Los sindicatos han exigido al Gobierno una reforma urgente que eleve las indemnizaciones y adapte el sistema a los estándares europeos de protección laboral.

Pero la patronal tiembla.

Una reforma de calado pondría en cuestión la cultura del despido fácil que tantas empresas han normalizado.

Desde el Ejecutivo no se han dado respuestas firmes.

Se habla de estudiar el dictamen, de “equilibrio” y “seguridad jurídica”.

Pero la realidad es que el trabajador sigue desprotegido.


Conclusión: la ley actual ampara al que despide, no al que sufre el despido


Desde Alerta-Trabajo lo gritamos alto: el despido barato no es modernidad, es precariedad legalizada.

Europa lo ha dicho con claridad, ahora le toca al Gobierno demostrar si está con los trabajadores o con quienes hacen de la rotación y la temporalidad su modelo de negocio.

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