Jueces y fiscales convocan una huelga sin marco legal ni control externo
Tres días de paros contra las reformas del Gobierno, autogestionados y sin descuentos salariales
¿Por qué esta huelga es diferente a la de cualquier trabajador?
Las asociaciones conservadoras de magistrados y fiscales (APM, FdV, FJI, AF y APIF) han llamado a parar martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Reclaman que el Gobierno retire dos reformas en trámite: el nuevo sistema de acceso a la carrera y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Pero, a diferencia de cualquier otro colectivo, no habrá servicios mínimos impuestos ni descuentos de sueldo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado que carece de competencias para fijarlos y la Fiscalía General del Estado ha hecho lo propio. Resultado: una huelga “autogestionada” en la que los propios huelguistas decidirán qué juzgados y fiscalías cubren guardias y urgencias.
Esto va más allá de horas: va de privilegios
- El derecho de huelga de jueces y fiscales ni aparece en la Constitución ni en sus estatutos profesionales.
- Ningún otro funcionario puede parar sin servicios mínimos ni sufrir descuentos.
- En la última huelga (2018), la Audiencia Nacional ordenó devolverles el salario descontado.
- Esta vez, vuelven a confundir protesta corporativa con privilegio institucional.
¿Qué se reivindica de verdad?
Aunque los convocantes hablan de “defensa de la independencia judicial”, el CGPJ y el Consejo de Estado ya avalaron las reformas. El Gobierno, además, ha subido el sueldo a jueces y fiscales tres veces desde 2020 y anuncia la mayor oferta de plazas en décadas (480 al año).
La huelga nace en un chat de WhatsApp de 1.800 magistrados y fiscales críticos, sin cauce sindical ni respaldo legal.
¿Cómo te afecta si eres ciudadano?
- Juicios suspendidos y más retraso en una justicia ya saturada.
- Trámites urgentes podrían demorarse si no hay servicios mínimos.
- Los funcionarios de justicia (letrados, tramitadores) sí mantienen guardias obligatorias.
Lo importante, sin rodeos
- Sin regulación, los huelguistas deciden quién trabaja.
- El CGPJ se desentiende: “no existe marco legal”.
- Se consolida la idea de un poder judicial que se autogestiona fuera de las reglas comunes.
Reflexión final
Cuando un colectivo con poder sanciona huelgas ajenas, pero se autoexonera de reglas básicas —servicios mínimos, descuentos salariales—, la sensación es clara: privilegios de casta. Una justicia que exige respeto a la ley debe predicar con el ejemplo.
