Agredida por entregar una carta: cuando repartir correo se convierte en jugársela

La escena es absurda y brutal a la vez

Una cartera de Correos en Peñafiel, un lunes cualquiera, entrega una simple carta ordinaria —de esas que uno casi ya no espera, pero aún llegan— y termina encerrada en su coche, temblando, tras recibir insultos machistas y amenazas de violencia física.
“Si no fueras mujer, te daba dos hostias”, le gritaron. Porque sí. Porque en este país aún hay quien confunde frustración con violencia, y machismo con valentía.

Cinco días de espera para una reacción tibia

Lo que siguió fue igual de indignante que el ataque en sí: la trabajadora alertó a su responsable y a la Guardia Civil de inmediato.
Y mientras intentaba recomponerse sola, sin asistencia médica ni contención emocional, la empresa se tomaba su tiempo. Cinco días, para ser exactos.
Cinco días de vacío, en los que ella tenía que decidir si salía a la calle con miedo o se quedaba en casa con ansiedad.

Ni una disculpa pública. Ni un gesto institucional claro. Solo protocolos lentos y soluciones a medio gas.

No es un caso suelto. Es un patrón que se ignora

Según CSIF, no es la primera vez que esto ocurre en Peñafiel.
Al menos otros dos carteros han denunciado sentirse en riesgo durante sus rutas.
La tensión social, el deterioro del civismo en ciertos barrios y la falta de medidas preventivas están convirtiendo el reparto postal en una ruleta emocional.

Repartir cartas debería ser un acto cotidiano, no una prueba de supervivencia.

Correos responde... con parches

Tras la denuncia, la empresa ofreció apoyo psicológico, presencia puntual de la Guardia Civil y la opción de retirar a la trabajadora de esa zona.
Aplausos... con sordina. Porque nada de eso es estructural, permanente o preventivo.
Son respuestas para la foto, no soluciones de fondo.

Y no olvidemos: ya en junio de 2024 hubo un caso similar. ¿Dónde están los cambios desde entonces?

El pedido sindical: que reparta quien esté protegido

CSIF, junto al alcalde de Peñafiel y la responsable local de Correos, ha lanzado una exigencia clara: si no hay garantías mínimas de seguridad, que se suspenda el reparto en las zonas conflictivas.
Que se ofrezca recogida en oficina. Que nadie tenga que caminar sola por una calle donde la rabia ajena puede estallar en cualquier momento.
Que la empresa no actúe como si la violencia laboral fuera un daño colateral asumible.

Porque esto no va de logística. Va de vidas.

Ninguna persona —ni mujer ni hombre, ni eventual ni fija— debería tener que elegir entre cumplir con su jornada o salir con miedo.
Y si el miedo se convierte en parte del uniforme, entonces el problema no es del barrio. Es del sistema.