Amenazas de despido en Paradores por contar la juerga de Ábalos en Teruel
La polémica en torno a la ya conocida “juerga de Ábalos”, presuntamente celebrada en el Parador de Teruel, suma un nuevo capítulo. La alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, ha denunciado públicamente que los trabajadores del establecimiento turístico estatal recibieron cartas con amenazas de despido por parte de la empresa Paradores de Turismo de España S.A., dependiente del Gobierno central. ¿El motivo? Haber contado la verdad.
La propia Buj, también senadora, desveló en una intervención reciente que los empleados no fueron señalados por mentir, sino por presuntamente vulnerar una cláusula de confidencialidad. “No se les amenazó por faltar a la verdad, lo lógico si hubieran mentido, sino por hablar, por confirmar lo que pasó. Eso es gravísimo”, señaló la alcaldesa.
Según denunció, la carta disciplinaria llegó siete días después de que la noticia saliera en prensa, justo el tiempo que la empresa otorgaba a los trabajadores para presentar alegaciones antes de imponer sanciones.
La carta disciplinaria
El documento, fechado el 8 de abril de 2025, fue enviado por el Departamento de Relaciones Laborales y Gestión Económica de Personal de Paradores. En él, se advierte a los empleados que sus declaraciones a los medios —concretamente a OKDIARIO— podrían constituir un “incumplimiento laboral muy grave susceptible de ser sancionado incluso con el despido disciplinario”.
Además de alegar una supuesta “vulneración de la política de protección de datos”, la misiva reprocha al trabajador su comportamiento “desleal” y acusa de “facilitar información de carácter interno” que, según Paradores, perjudicaría la imagen de la empresa.
¿Qué contaron los empleados?
Los hechos que motivaron esta amenaza son las declaraciones de algunos trabajadores del Parador de Teruel, quienes confirmaron la fiesta presuntamente organizada por el exministro José Luis Ábalos en septiembre de 2020. Una noche que, según relataron los empleados, habría terminado con presuntos destrozos en una habitación y la presencia de prostitutas.
En ningún momento la empresa desmintió los hechos relatados, limitándose a señalar que se amparaba en la política de confidencialidad y protección de datos.
¿Silencio impuesto desde el Gobierno?
Emma Buj ha asegurado que este episodio revela un intento del Gobierno de silenciar a los trabajadores públicos para encubrir una conducta inapropiada por parte de un alto cargo político. “¿Desde cuándo la confidencialidad se usa como mordaza para tapar un escándalo con dinero público?”, se preguntó.
En su intervención, denunció que no hay investigación judicial abierta sobre los hechos, y que el Ejecutivo tardó una semana en pronunciarse porque estaba esperando que venciera el plazo de alegaciones del expediente sancionador.
Código ético, ¿para quién?
Resulta paradójico que la empresa pública haya apelado al Código Ético de Paradores, acusando al trabajador de incumplirlo, mientras las conductas atribuidas al exministro Ábalos —uso indebido de instalaciones públicas, destrozos, fiesta con prostitutas— quedarían fuera de cualquier reproche disciplinario.
Los empleados se enfrentan ahora a un procedimiento sancionador que podría terminar en despido. Mientras tanto, ni Paradores ni el Gobierno han aclarado si se investigará el comportamiento del exministro, ni si se asumirá algún tipo de responsabilidad por el uso de recursos públicos en los hechos revelados.
Conclusión
El caso plantea serias dudas sobre el uso de normas internas como arma de control y silenciamiento, especialmente cuando se trata de proteger a cargos públicos de escándalos que afectan al interés general. Todo lo relatado se basa en información publicada en medios y declaraciones de cargos públicos, y no consta a fecha de hoy investigación judicial abierta sobre estos hechos. La alcaldesa de Teruel ha exigido transparencia y ha pedido al Gobierno que dé explicaciones formales sobre el contenido de las cartas enviadas a los trabajadores del Parador.
