El precio del escudo social: entre jubilados, okupas y un palacete en París
El Congreso de los Diputados vivió ayer un episodio cargado de tensión y controversia. El Decreto Ley presentado por el Gobierno, supuestamente orientado a proteger a jubilados, jóvenes y afectados por la DANA, fue rechazado por la oposición en bloque. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un intento de reforzar el “escudo social” escondía una jugada política de alto voltaje: la cesión de un palacete en París, valorado en 15 millones de euros, al PNV.
El inmueble, que albergará la sede del Instituto Cervantes, pasará a estar en manos de un fondo gestionado por el partido vasco, con el Estado obligado a pagar un alquiler mensual. Este escándalo ha dejado en evidencia las prácticas del Ejecutivo, que, según críticas, utiliza tragedias y derechos sociales como pantalla para introducir beneficios políticos cuestionables.
Mientras el Gobierno acusa a PP, Vox y Junts de bloquear ayudas esenciales, sindicatos como UGT y CCOO han llamado a movilizaciones masivas el próximo 2 de febrero. Sus demandas incluyen la revalorización de pensiones, subsidios para transporte público y un verdadero compromiso con los damnificados por la DANA.
La indignación de la ciudadanía crece ante lo que muchos consideran un abuso de poder. “No se puede usar el sufrimiento de las personas como moneda de cambio política”, expresan desde sectores críticos. Además, el paquete de medidas incluía una prórroga para leyes que, según detractores, fomentan la okupación e inquietan a pequeños propietarios, lo que encendió aún más los ánimos.
La pregunta que queda en el aire es: ¿es este el precio del “escudo social”? Para muchos, las prioridades del Gobierno no son proteger a los más vulnerables, sino asegurar alianzas políticas a cualquier costo. Las movilizaciones prometen ser un termómetro de la indignación colectiva frente a un Ejecutivo cada vez más cuestionado por sus maniobras políticas.
