Huelga docente CV: cuatro semanas, una firma y el 78% que dijo no
Todo el profesorado de la enseñanza pública valenciana —fijos e interinos— lleva más de tres semanas de huelga indefinida. El mayor conflicto educativo de la CV en años acaba de fracasar por novena vez en la mesa y ha dejado una docente tirada en el suelo empujada por un policía.
La huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana comenzó el 11 de mayo de 2026 y este lunes 1 de junio entra en su cuarta semana consecutiva de paros, con más de 15 jornadas acumuladas. La novena reunión entre los sindicatos y la consellera de Educació, Carmen Ortí, terminó el domingo 31 de mayo con la consellera abandonando la mesa de forma abrupta, y con una profesora en el suelo después de ser empujada por un agente de policía durante la concentración en el exterior de la Conselleria. La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, calificó el incidente de "inaceptable". No hay acuerdo a la vista. La huelga sigue.
Quién está en huelga: fijos, interinos y una causa compartida
El paro afecta a todo el profesorado de la enseñanza pública no universitaria: maestras y maestros de Infantil y Primaria, profesores de Secundaria, docentes de Bachillerato y de Formación Profesional. Tanto los funcionarios de carrera —quienes han superado unas oposiciones y tienen plaza fija— como los funcionarios interinos —docentes que trabajan en la enseñanza pública sin plaza permanente, sometidos a una bolsa de trabajo y con contratos que se renuevan curso a curso— están en la misma huelga, y lo hacen unidos.
La razón es que muchas de las demandas los afectan a ambos colectivos, aunque los interinos cargan con una capa añadida de precariedad. Los sindicatos mayoritarios —STEPV, CCOO y UGT— exigen, entre otras cosas, el cobro de los meses de julio y agosto para el personal interino: actualmente, quienes no tienen plaza fija dejan de percibir salario al terminar el curso y no vuelven a cobrar hasta septiembre, si tienen destino asignado. Exigen también que el nuevo acuerdo de interinos —que regula las condiciones de trabajo de ese colectivo, su baremación y su movilidad entre centros— se negocie con ellos en lugar de imponerse. La precariedad de los interinos no es una nota al margen de este conflicto; es uno de sus ejes centrales.
La oferta, las reivindicaciones y la distancia que no se cierra
Lo que piden los tres sindicatos mayoritarios en materia salarial es un incremento del 20% vinculado al IPC, para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, junto al cobro de los complementos autonómicos en las pagas extraordinarias, la recuperación de las pagas extra recortadas durante los años de la austeridad, la creación de un sexto sexenio y, como se ha dicho, el pago de los meses de verano para el personal interino.
Lo que ofrece la Conselleria de Educació es 200 euros mensuales distribuidos en tres tramos: 75 euros en 2026 (con efecto retroactivo al 1 de enero), 75 euros en 2027 y 50 euros en 2028, estos últimos "revisables y negociables". El secretario autonómico, Daniel McEvoy —abogado de Pérez Llorca que cobra el triple que los docentes con quienes negocia—, insiste en que es el máximo posible dentro de las restricciones presupuestarias del Govern y que no pueden vincular el salario al IPC.
La brecha entre ambas posiciones es profunda. Y más allá del salario, los sindicatos mayoritarios también exigen una reducción real de las ratios de alumnos por aula, el refuerzo de plantillas estables de orientadores y especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje para la educación inclusiva, y mayores recursos para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. En este punto, la Conselleria propone 22 alumnos por aula en Infantil para el próximo curso y una reducción paulatina en el resto de etapas: los sindicatos la consideran insuficiente y excesivamente lenta.
La firma que partió en dos al bloque sindical
El 26 de mayo, cuando la huelga llevaba ya 15 días activa y el profesorado estaba en plena movilización, sucedió lo que los sindicatos mayoritarios llaman la fractura: CSIF y ANPE —los dos sindicatos que representan aproximadamente el 33,5% del profesorado valenciano— decidieron firmar la oferta salarial de la Conselleria, separándose de la postura común que hasta ese momento habían mantenido junto a STEPV, CCOO y UGT.
El efecto inmediato fue que la Conselleria declaró el bloque salarial "cerrado": dos sindicatos habían firmado, luego el acuerdo estaba alcanzado. El problema es que los dos que firmaron representan a un tercio del profesorado, mientras que los tres que se negaron a firmar representan al 70% restante. Y ese 70% no solo rechazó firmar: convocó una consulta entre el profesorado en huelga en la que participaron más de 43.000 docentes, y el resultado fue que el 78% votó en contra de la oferta que CSIF y ANPE habían aceptado.
La fractura generó una ola de reacciones entre el profesorado que dejó en evidencia la profundidad del malestar: grupos de docentes en redes sociales llamaron a cancelar afiliaciones a CSIF y ANPE, a dejar reseñas negativas en internet y a no votarles en las próximas elecciones sindicales. El propio líder de CSIF, José Seco, respondió que "quien denuncie este acuerdo tendrá que dar explicaciones al profesorado", una advertencia que muchos docentes interpretaron como una amenaza. Para STEPV, CCOO y UGT, la firma fue la ruptura de la unidad de acción que había sostenido la huelga desde el primer día: ANPE había sido una de las entidades convocantes del paro.
CSIF y ANPE, que suman el 33,5% de la representación sindical, firmaron una oferta rechazada por el 78% de los más de 43.000 docentes que participaron en la consulta convocada por los tres sindicatos mayoritarios.
El domingo en que la consellera se levantó y se fue
La novena reunión, celebrada el domingo 31 de mayo en la sede de la Conselleria de Educació en la avenida de Campanar de Valencia, terminó de la misma manera que muchas de las anteriores: con los sindicatos mayoritarios en la sala y la Administración fuera. En esta ocasión, el motivo fue la petición de STEPV, CCOO y UGT de consultar directamente con el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, para explorar si hay margen presupuestario real para mejorar la oferta salarial. La consellera Ortí rechazó la petición y abandonó la sala. Los representantes sindicales se quedaron en ella, con la puerta abierta.
En el exterior, centenares de docentes se habían concentrado frente al edificio. En algún momento de la protesta, un agente policial empujó por la espalda a una profesora que cayó al suelo. Las imágenes circularon rápidamente entre el profesorado. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, publicó en redes que lo sucedido era "inaceptable". La consellería no se pronunció.
El lunes arranca la cuarta semana. El conflicto lleva en pie desde el 11 de mayo. La manifestación del sábado 23 de mayo reunió en el centro de Valencia a decenas de miles de docentes, con autobuses llegados de toda la Comunitat. Las pancartas de la muixeranga y el canto de Bella Ciao frente a las ventanas de la Conselleria resumen lo que el profesorado quiere hacer entender: que la paciencia también tiene un límite, y que ese límite lleva semanas superado.
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