Los bomberos forestales de Aragón, en huelga con mínimos del 100%
Ochocientos trabajadores del operativo de incendios paran desde esta medianoche sin dejar de atender un solo fuego.
Los bomberos y bomberas forestales de la empresa pública SARGA han iniciado a las cero horas de este martes 18 de agosto una huelga indefinida convocada por CGT, OSTA, UGT y CCOO, los sindicatos que integran la mayoría del Comité Intercentros. Están llamadas unas 800 personas —640 hombres y 160 mujeres— que completan las brigadas, los puestos fijos de vigilancia y la conducción del dispositivo autonómico. La Administración ha fijado unos servicios mínimos del 100%, publicados en el Boletín Oficial de Aragón el pasado viernes, de modo que el operativo seguirá trabajando con normalidad mientras sigue activo el incendio de Las Peñas de Riglos. El paro llega tras una mediación fracasada y sin ninguna propuesta escrita sobre la mesa.
Qué queda del derecho de huelga cuando los mínimos se fijan en el cien por cien
La decisión administrativa vacía en la práctica el efecto material del paro: ningún puesto queda sin cubrir y ninguna emergencia queda sin respuesta. El propio comité ha asumido ese escenario y ha decidido concentrar las movilizaciones exclusivamente en los días de descanso semanal, para que la respuesta ante una emergencia no se interrumpa en ningún momento. La primera cita es este martes, con concentraciones en todas las cabeceras de comarca de Aragón entre las 10.00 y las 11.00 horas.
El resultado es una huelga que no interrumpe el servicio y que se sostiene únicamente sobre el tiempo libre de la plantilla. Los convocantes lo han formulado sin ambigüedad: la convocatoria no supone un abandono del servicio público, sino una reclamación sobre la dimensión del dispositivo. No consta que los sindicatos hayan anunciado impugnación de la orden de servicios mínimos.
Cinco peticiones concretas frente a un operativo "estructuralmente infradimensionado"
El diagnóstico del comité de huelga es que el dispositivo se satura ante un solo gran incendio, sin necesidad de que coincidan varios fuegos simultáneos. Sobre esa base, las reivindicaciones que han hecho públicas son cinco y ninguna es retórica:
- Aumento de la plantilla en entre 150 y 200 efectivos, para mejorar la capacidad de respuesta y los tiempos de descanso.
- Contratación de un mínimo de seis meses para los puestos fijos de vigilancia.
- Compensación económica por el uso del vehículo propio en desplazamientos de servicio.
- Abono de las horas efectivamente trabajadas, más allá de la jornada teórica.
- Aplicación efectiva de la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales.
Diez días de bloqueo y una mediación que duró lo que duró la reunión
El conflicto se precipitó el 7 de agosto, cuando la representación sindical anunció la convocatoria durante un receso de una reunión con la empresa. Siguieron una concentración el día 10 en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza —sede del departamento autonómico competente— y un intento de acuerdo el 13 de agosto en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), que terminó sin avenencia.
La versión del comité sobre aquel encuentro es la que ha marcado el tono posterior: sostienen que la persona enviada por la otra parte tenía perfil técnico pero carecía de "capacidad real de decisión", y que no se presentó ni una sola propuesta sobre las reivindicaciones planteadas. Al día siguiente, el 14, el comité ratificó la huelga en una nueva concentración y ese mismo viernes se publicaron los servicios mínimos.
La Administración responde con perplejidad y con el balance de tres años
El Gobierno de Aragón fijó su posición en un comunicado difundido a través de la propia empresa pública, en el que expresa su total perplejidad porque la huelga se anunciara pocas horas después de que SARGA trasladara formalmente su disposición a abrir una negociación.
El Ejecutivo autonómico enumera lo conseguido desde 2023: contratación indefinida durante los doce meses del año, mejoras salariales, reconocimiento de la categoría profesional que abre la puerta a la jubilación anticipada y renovación de bases e infraestructuras, todo ello plasmado en el II Convenio Colectivo de SARGA, firmado entre finales de 2024 y comienzos de 2025. También sostiene que parte de las propuestas sindicales implican cambios organizativos de calado que no pueden resolverse de forma inmediata.
Turnos de 20 y 25 horas mientras arde el Alto Gállego
Las condiciones denunciadas durante esta campaña son el sustrato del conflicto. Los representantes sindicales han descrito jornadas encadenadas de hasta 20 y 25 horas sin apenas descanso, alojamientos sin climatización con temperaturas exteriores de entre 35 y 40 grados y avituallamientos insuficientes.
Ese trabajo se presta dentro de un dispositivo cuyas cifras son públicas. Según los datos del operativo INFOAR publicados por el Gobierno de Aragón, las brigadas terrestres son de cinco miembros y están dirigidas por un agente para la protección de la naturaleza, mientras que el personal de SARGA completa las brigadas, los puestos de vigilancia y la conducción mediante una orden de transferencia que permite cobertura permanente.
Campaña 2026: 62 brigadas terrestres, 8 helitransportadas y 9 helicópteros. 627 profesionales activos al día y 54,8 millones de euros de financiación.
La cifra de despliegue diario que fijó la Administración al arrancar la fase de máxima activación, el 12 de junio, no es equivalente a la plantilla convocada al paro: 627 son las personas operativas cada día en el conjunto del dispositivo y 800 las llamadas a la huelga en la parte gestionada por SARGA.
El telón de fondo es un incendio declarado el 10 de agosto que supera las 17.000 hectáreas y en el que trabaja un millar de efectivos de distintas administraciones. El domingo, un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias falleció en un accidente de tráfico mientras participaba en la extinción; la investigación del siniestro corresponde al Ministerio de Defensa y no guarda relación con el conflicto laboral en SARGA.
La ley que los sindicatos reclaman sigue sin su reglamento de prevención
La quinta reivindicación es la que apunta más lejos. La Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales nació para homogeneizar derechos mínimos de un colectivo con regímenes muy dispares y obligaba al Gobierno central a aprobar en el plazo de un año un reglamento específico de prevención de riesgos laborales, elaborado de forma conjunta con las administraciones competentes.
Ese plazo venció en noviembre de 2025. En junio de 2026, Aragón se sumó a otras once comunidades y a Ceuta y Melilla para cuestionar la tramitación del real decreto que debe fijar las condiciones mínimas de seguridad y salud del colectivo, al entender que el proceso abierto no se ajustaba a lo previsto en la propia ley. La plantilla que hoy para reclama la aplicación efectiva de una norma cuyo desarrollo reglamentario sigue pendiente, y la Administración a la que se lo reclama es una de las que discute cómo se está redactando.