Uber Eats: 110 millones por 60.000 repartidores falsos autónomos
La Inspección de Trabajo concluye su investigación y exige a la plataforma el pago íntegro de las cotizaciones esquivadas durante cuatro años. Falta por concretar la sanción administrativa adicional.
La Inspección de Trabajo ha cerrado sus actuaciones sobre Uber Eats con una reclamación de 110 millones de euros en cotizaciones sociales impagadas y la constatación de 60.000 altas irregulares de repartidores como falsos autónomos. La investigación, abierta en julio de 2025, abarca el periodo comprendido entre 2022 y 2026, durante el cual la plataforma mantuvo un modelo híbrido que permitía a sus riders elegir entre ser autónomos o integrarse como asalariados en flotas colaboradoras. A los 110 millones reclamados a la Seguridad Social se sumará una sanción administrativa cuyo importe todavía no se ha concretado.
- 60.000 repartidores fueron dados de alta como autónomos mientras la empresa ejercía control organizativo sobre su actividad mediante gestión algorítmica.
- 110 millones de euros es la cuantía que la Inspección exige en concepto de cotizaciones que debió abonar Uber Eats como empleadora, no los propios riders.
- Uber Eats ya anunció en enero de 2026 que dejaba de trabajar con repartidores autónomos, pero la factura por los años de incumplimiento sigue pendiente de cobro.
60.000 altas irregulares en cuatro años de modelo híbrido
La investigación de la Inspección de Trabajo concluyó que Uber Eats mantuvo a decenas de miles de repartidores bajo un régimen de contratación mercantil incompatible con la Ley Rider (Ley 12/2021), en vigor desde agosto de 2021. La norma establece la presunción de laboralidad para toda persona que realice servicios de reparto a través de plataformas digitales cuando la empresa ejerce facultades de organización, dirección y control mediante gestión algorítmica.
Uber Eats adaptó inicialmente su modelo en 2021. Sin embargo, cuando Glovo mantuvo a sus mensajeros como autónomos tras la entrada en vigor de la ley, la multinacional de las mochilas verdes denunció competencia desleal y en 2022 reintrodujo la figura del rider autónomo. Desde entonces operó con un sistema mixto: parte de los repartidores contratados por flotas colaboradoras y parte como trabajadores por cuenta propia. Ese modelo es el que la Inspección ha declarado irregular.
La sanción administrativa aún no tiene cifra
Los 110 millones corresponden exclusivamente a cotizaciones sociales no abonadas a la Seguridad Social. Sin embargo, la reclamación no termina ahí. Según la información publicada, a esa cantidad se añadirá una sanción administrativa por infracción laboral —el uso fraudulento de autónomos en lugar de empleados con contrato— cuyo importe exacto todavía no se ha fijado.
El precedente más cercano es el de Glovo, que acumula sanciones por más de 205 millones de euros por mantener a más de 37.000 repartidores como falsos autónomos en distintas provincias. En el caso de Uber Eats, la plataforma ya arrastraba al menos 23 millones de euros en multas previas levantadas en Valencia, Sevilla, Albacete y Tenerife, entre otras ciudades, aunque la Audiencia Nacional anuló buena parte de las sanciones al considerar que antes de la Ley Rider existía controversia jurídica sobre la naturaleza de la relación laboral.
Del Tribunal Supremo a la Ley Rider: cinco años de resistencia empresarial
| Fecha | Hito | Consecuencia |
|---|---|---|
| Sep. 2020 | STS 805/2020 del Tribunal Supremo | Establece que los repartidores de plataformas son trabajadores por cuenta ajena |
| Ago. 2021 | Entrada en vigor de la Ley Rider | Presunción de laboralidad para riders de plataformas digitales |
| 2022 | Uber Eats reintroduce el modelo autónomo | Alega competencia desleal por la insumisión de Glovo a la ley |
| Dic. 2024 | Glovo anuncia su paso al modelo laboral | Uber Eats queda como única gran plataforma con riders autónomos |
| Jul. 2025 | Inspección abre investigación estatal a Uber Eats | Fiscalización de todas las flotas de la plataforma en España |
| Ene. 2026 | Uber Eats anuncia fin de los riders autónomos | Más de 7.000 repartidores pasan a flotas colaboradoras |
| Mar. 2026 | Inspección concluye actuaciones | Reclamación de 110 millones + sanción administrativa pendiente |
Uber Eats acepta el golpe pero no reconoce la irregularidad
La respuesta de la plataforma ha sido contenida. Un portavoz de Uber Eats ha reafirmado el compromiso de la compañía con el cumplimiento de la Ley Rider y ha señalado su intención de poner fin a todos los litigios pendientes. La empresa se ha puesto a disposición de repartidores, sindicatos y Gobierno para lo que ha descrito como un proceso justo.
La multinacional ya había dado un paso significativo en enero de 2026 al anunciar el abandono definitivo del modelo autónomo. Esa decisión llegó después de que el Ministerio de Trabajo advirtiera públicamente en diciembre de 2025 de que activaría la vía penal si Uber Eats no corregía su modelo, siguiendo el precedente aplicado contra Glovo, cuyo fundador Óscar Pierre llegó a sentarse en el banquillo acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Con ese cambio, Uber Eats se alineó con Just Eat —que opera con repartidores asalariados desde el inicio— y con Glovo, que regularizó a unos 14.000 trabajadores tras aceptar el modelo laboral. Las tres grandes plataformas de reparto en España operan ahora, sobre el papel, dentro de la legalidad establecida por la Ley Rider.
Directiva europea amplía el cerco: plazo hasta diciembre de 2026
El escenario regulatorio se endurece también desde Bruselas. La Directiva (UE) 2024/2831 obliga a los Estados miembros a transponer antes del 2 de diciembre de 2026 una normativa que extiende la presunción de laboralidad a todas las plataformas digitales, no solo las de reparto. Esto afectará a sectores como el transporte de pasajeros (VTC), el trabajo freelance por plataforma y otros servicios gestionados algorítmicamente.
España deberá adaptar su legislación para ampliar el alcance de la Ley Rider más allá del delivery. Quedan por definir los plazos y el mecanismo de transposición, pero el precedente de Uber Eats y Glovo anticipa que la Inspección de Trabajo contará con herramientas reforzadas para fiscalizar el cumplimiento en nuevos sectores.