Vigilantes de CLECE denuncian coacciones por parte de la empresa ante Inspección de Trabajo
USO acusa a la compañía de usar los cuadrantes como chantaje para forzar firmas
Los vigilantes de CLECE Seguridad en Tenerife han denunciado ante la Inspección de Trabajo una práctica intolerable: les informaron de que no les entregarían los cuadrantes de agosto si no firmaban un formulario relacionado con los reconocimientos médicos.
¿Qué ha ocurrido?
El 18 de julio CLECE envió un correo diciendo que sin la firma del documento “R18” no habría cuadrante. Eso significa que están condicionando la planificación de horarios a la firma de un papel, algo que USO considera un chantaje laboral y una vulneración del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.
Reconocimientos médicos obligatorios… pero no condicionables
En seguridad privada, los reconocimientos médicos ya son obligatorios según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. La empresa no puede usar esta obligación para presionar a los trabajadores ni bloquearles el cuadrante por no firmar un documento adicional.
El origen del problema
Aunque aún no hemos confirmado si este contrato fue adjudicado mediante una licitación pública, sí sabemos que CLECE suele gestionar numerosos contratos públicos —en Tenerife ganó más de 380.000 € el último contrato licitado en 2022 según datos oficiales 1—.
Esto plantea una pregunta obvia: ¿estas presiones laborales son consecuencia de haber recortado costes para ganar licitaciones a la baja?
¿Y ahora qué viene?
USO ha exigido a la Inspección que obligue a CLECE a entregar los cuadrantes sin condiciones y que se sancione a la empresa si se demuestra la coacción. Si se confirma, CLECE podría enfrentarse a multas e incluso posibles demandas por vulneración de derechos laborales.
Reflexión final
Este caso expone cómo derechos fundamentales como la planificación laboral pueden convertirse en herramientas de chantaje. La externalización a bajo coste en contratos públicos no solo perjudica la calidad del servicio, sino también la dignidad y estabilidad de los trabajadores.
La Inspección tiene el deber de actuar, y las administraciones deben supervisar qué condiciones reciben quienes trabajan para el interés general.
