El SEPE de Mérida sanciona a un funcionario por atender sin cita previa
Juan Carlos Nieto lleva 15 años en el SEPE y cerca de 40 en la función pública. Esta semana se ha enterado de lo que la Administración considera una falta grave: ayudar a un desempleado cuando nadie más lo esperaba y la oficina estaba vacía.
El miércoles 3 de junio, más de cien personas se concentraron en la calle frente a la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Mérida para apoyar a Juan Carlos Nieto, un funcionario de 56 años con 15 años de carrera en el organismo y cerca de 40 de servicio público, al que el SEPE ha abierto un expediente disciplinario por lo siguiente: mientras la oficina estaba vacía, después de haber atendido a todos los usuarios que tenían cita ese día, decidió no quedarse cruzado de brazos cuando llegaron personas sin reserva previa que necesitaban gestionar sus prestaciones o conseguir certificados para solicitar ayudas sociales. Lo atendió. Y la Administración que existe para ayudar a los desempleados le abrió un expediente por hacerlo.
Qué hizo y qué le pueden hacer
El SEPE califica la conducta de Juan Carlos Nieto como una falta grave. Su argumento: el protocolo vigente exige que los ciudadanos obtengan una cita previa digital antes de acudir a las instalaciones, y el funcionario la incumplió al tramitar prestaciones de manera presencial a personas que no tenían esa reserva. También le imputan haber facilitado certificados de prestaciones a ciudadanos vulnerables que los necesitaban para acudir a organizaciones sociales.
Que eso ocurriera con la oficina sin actividad de espera —es decir, sin que nadie con cita estuviese siendo perjudicado— no es un atenuante para el SEPE. Que los ciudadanos atendidos necesitasen ese documento para conseguir ayuda, tampoco. Para el organismo, la norma es la norma, y el funcionario la incumplió. Si el expediente prospera, Juan Carlos Nieto se enfrentaría a seis meses de suspensión de empleo y sueldo o a un traslado forzoso sin ningún tipo de indemnización. Dos posibles consecuencias graves por haber hecho el trabajo "por el que me pagan", según sus propias palabras.
Mérida y el colapso que hay detrás del protocolo
La situación de Juan Carlos Nieto no es un caso aislado de un funcionario indisciplinado. Es el síntoma visible de un problema estructural en la atención del SEPE que en Mérida tiene un nombre muy concreto: la plantilla de la oficina ha pasado de ocho o nueve empleados a tan solo cuatro. Con cuatro personas gestionando el volumen de demanda de prestaciones de la capital extremeña y su área de influencia, las citas previas disponibles se agotan con tal rapidez que algunos ciudadanos tienen que desplazarse a poblaciones a más de 100 kilómetros para encontrar un hueco libre.
La paradoja es tan obvia que los vecinos de Mérida la entendieron sin necesidad de explicaciones: si el sistema de cita previa fue diseñado para ordenar la cola y garantizar la atención, pero en la práctica se ha convertido en una barrera infranqueable que deja fuera a quien más lo necesita, el problema no es el funcionario que abre una excepción cuando puede. El problema es el sistema que lo ha hecho necesario. Más de cien personas se plantaron esta semana frente a la oficina del SEPE de Mérida para decírselo en voz alta.
La Administración tiene otros motivos que no puede revelar
El Ministerio de Trabajo se ha defendido de la presión mediática señalando que el expediente disciplinario contiene otros motivos además de la atención sin cita previa, pero que no puede revelarlos por la confidencialidad del procedimiento. Juan Carlos Nieto asegura que no le han notificado ninguna razón adicional a la que ya es pública. "Me notificaron el expediente aludiendo a la atención a personas que no conseguían cita y a la facilitación de documentación necesaria para la solicitud de ayudas sociales", declaró.
Esa brecha entre lo que el Ministerio insinúa y lo que el funcionario afirma haber recibido por escrito es, en sí misma, parte del problema. Un expediente disciplinario debe notificarse con los cargos concretos que se imputan. Si hay motivos adicionales, el imputado tiene derecho a conocerlos para ejercer su defensa. El procedimiento disciplinario de los funcionarios públicos está regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, que garantiza el derecho a ser informado de la acusación, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de la sanción. La concentración de Mérida fue una demostración de que la ciudadanía también conoce estos principios, aunque no los cite por su nombre.
La plantilla de la oficina del SEPE en Mérida ha pasado de ocho o nueve trabajadores a cuatro. Algunos usuarios deben desplazarse más de 100 kilómetros para encontrar una cita disponible.
El expediente sigue abierto. La pregunta que queda sin respuesta es cuántos Juan Carlos Nieto hay en otras oficinas del SEPE que, ante la misma disyuntiva, eligieron decirle no a la persona que tenía enfrente, no porque quisieran hacerlo, sino porque sabían lo que le pasó al que eligió decir sí.
Estatuto Básico del Empleado Público: régimen disciplinario de los funcionarios — BOE
SEPE — Servicio Público de Empleo Estatal: sede oficial