La educación pública española vive su año más convulso: tres comunidades en huelga, dieciocho condiciones distintas y un profesorado que ha perdido el 22 % de su sueldo en catorce años

Valencia, Cataluña y Madrid encadenan paros, asambleas y movilizaciones mientras el resto del Estado mira lo que también es suyo: una década de recortes sin revertir, aulas con hasta 32 estudiantes y nóminas que dependen de en qué autonomía se haya nacido a opositar.

España termina el curso 2025/2026 con tres frentes educativos abiertos al mismo tiempo y una conversación que, por primera vez en más de una década, ha dejado de ser solo sindical. La huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana se suspendió el 10 de junio tras un mes exacto sin clases en la pública no universitaria. El profesorado catalán rechazó el preacuerdo del Departament por una mayoría del 65 % y secundó nuevas movilizaciones el 9 de junio. Y Madrid ha convocado huelga indefinida para el inicio del próximo curso si la Consejería no abre una mesa de negociación durante el verano. Detrás de las tres protestas, los mismos datos: una pérdida acumulada del 22 % en el poder adquisitivo docente desde 2010, aulas que superan en muchos casos los 30 alumnos, y una jornada lectiva que sigue por encima de la media europea pese a las recomendaciones de la OCDE.

El mapa real de la protesta: tres comunidades, un mismo diagnóstico

Lo que se ha vivido entre mayo y junio no es la suma de tres conflictos aislados. Es la misma reivindicación con tres acentos.

En la Comunitat Valenciana, STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE convocaron huelga indefinida el 11 de mayo. Treinta jornadas lectivas consecutivas después, la consulta a las plantillas se cerró con un 67 % a favor de finalizar el paro tras la última oferta de la Conselleria de Educación: un plan plurianual de 3.338,26 millones de euros hasta 2029, con 7.742 nuevos docentes en cuatro años, climatización del 100 % de las aulas y un calendario de bajada de ratios completo para septiembre de 2030. Los cinco sindicatos firmaron únicamente el bloque de burocracia, el menos costoso para la administración; rechazaron formalmente ratios, plantillas, infraestructuras, inclusión, Formación Profesional y, sobre todo, el capítulo salarial, que no fue modificado respecto a la primera oferta. La movilización quedó "suspendida, no desconvocada".

En Cataluña, el preacuerdo entre el Departament d'Educació y los sindicatos firmantes se vino abajo cuando las plantillas lo sometieron a votación: 39.502 docentes votaron no sobre 60.686 participantes. USTEC, CGT, CNT, COS e Intersindical reactivaron la huelga el 9 de junio coincidiendo con el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad. La cifra que repiten los sindicatos para justificar el conflicto es directa: 14,6 % de pérdida acumulada de poder adquisitivo desde 2021.

En la Comunidad de Madrid, CCOO, UGT y la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública (CONFAPA) anunciaron el 27 de mayo una huelga indefinida que arrancará con el curso 2026/2027 si la consejería de Mercedes Zarzalejo no abre antes de septiembre una mesa con compromisos firmes en seis materias: equiparación salarial con la media nacional, reducción de la jornada lectiva semanal, descenso efectivo de ratios, marco regulador de la Formación Profesional, plan de desburocratización e inversión presupuestaria estructural.

Diecisiete nóminas para la misma profesión

Un profesor de Secundaria en País Vasco puede cobrar hasta 8.000 € brutos anuales más que un compañero con idéntica titulación, idéntica experiencia y la misma jornada en Extremadura.

El sueldo base de cualquier docente público en España es idéntico en todo el territorio: viene fijado en los Presupuestos Generales del Estado para los grupos A1 (Secundaria, FP de grado superior) y A2 (maestros). Lo que cambia, y mucho, es el complemento específico autonómico. Esa partida es la que abre la brecha territorial que llevan denunciando los sindicatos desde antes de la pandemia y que se ha convertido en el primer argumento estructural de las protestas actuales.

Madrid, una de las comunidades con mayor renta per cápita del país, paga uno de los complementos específicos más bajos del Estado, una contradicción que recogen explícitamente CCOO y UGT en la convocatoria del paro indefinido de septiembre. Cataluña y la Comunitat Valenciana se sitúan en una franja intermedia. País Vasco y Navarra encabezan el ranking salarial gracias a su régimen foral. En el furgón de cola: Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.

Una década perdida bajo la inflación

La fotografía la publicó en abril de 2025 la Confederación Intersindical STES-i tras cruzar 85.000 nóminas docentes de todo el Estado. Entre 2010 y 2024, el Índice de Precios de Consumo subió un 36,4 %. En ese mismo periodo, los salarios del profesorado no universitario solo se actualizaron un 14,5 %. La diferencia, 21,9 puntos, es lo que un maestro o profesor ha perdido en sueldo real. En términos absolutos, un docente con quince años de antigüedad habría ganado 58.160 euros más desde 2010 si su salario hubiera ido ligado al IPC, y hasta 83.756 euros más en los cuerpos de mayor antigüedad.

A esa pérdida histórica se suma un detalle del que apenas se habla en los telediarios: el recorte del 40 % de las pagas extraordinarias aprobado en 2010 sigue sin revertirse en buena parte del Estado. Las subidas generalizadas, cuando llegaron a partir de 2016, lo hicieron por la vía de la actualización lineal aplicable a todos los empleados públicos, sin un acuerdo específico para el sector ni vinculación al coste de la vida.

La masificación que no aparece en los informes

España presume estadísticamente de una de las mejores ratios docente/alumno de su historia: 10,6 estudiantes por profesor, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El problema, como llevan denunciando desde CSIF a STEs, es que esa cifra mezcla a todos los docentes de una etapa, incluidos equipos directivos, orientadores, especialistas a tiempo parcial y profesorado de apoyo. La realidad del aula es muy distinta.

La media estatal real de alumnos por aula se sitúa en 23 estudiantes (21 en Primaria y 25 en Secundaria). En la Comunidad de Madrid, en cambio, los datos de infantil y primaria muestran clases de 26 alumnos en buena parte de los centros públicos. En Cataluña, la propia Generalitat reconoció en 2024 medias en torno a 28 alumnos por aula en la ESO y 32 en Bachillerato, frente a los 18-20 que mantienen Dinamarca o Finlandia. Castilla y León presenta una ratio media baja, pero su propia presidenta sindical, Isabel Madruga (CSIF), reconoció en mayo que esa cifra "está distorsionada" por las aulas rurales de tres alumnos: en los centros urbanos, las clases siguen masificadas.

Hay un dato que ilustra como ningún otro lo que está en juego: el alumnado con necesidades educativas especiales ha crecido un 29,4 % entre 2022 y 2026 en Castilla y León. La plantilla de profesorado especialista solo aumentó un 21,2 % en el mismo periodo. La carga real cae siempre sobre los mismos hombros.

España, donde se imparten más horas de clase que en la OCDE

Mientras Europa lleva una década reduciendo horas lectivas, España hace lo contrario. El último Panorama de la Educación elaborado por la OCDE confirma cifras incómodas: un maestro español de Primaria imparte una media de 880 horas anuales de clase, frente a las 779 de la media OCDE y las 755 de la UE. En la primera etapa de Secundaria, 713 horas en España frente a 694 de la OCDE y 653 de la UE. Y un estudiante español de ESO recibe 1.054 horas anuales de instrucción obligatoria, frente a las 919 de la media OCDE y las 892 de la UE.

Se enseña más. Y no se aprende mejor. Los resultados de PISA 2022 colocaron a España en el puesto 28 del mundo en matemáticas, quince posiciones por debajo de lo que corresponde a su PIB. Por comunidades, Castilla y León lidera con 499 puntos, mientras Andalucía (457), Canarias (447), Melilla (404) y Ceuta (395) cierran la tabla muy por debajo del promedio nacional.

El precio invisible: ansiedad, burnout y abandono de la profesión

Hay otro indicador que no aparece en los presupuestos y que sostiene casi en silencio todo el sistema. La memoria 2024-2025 del Defensor del Profesor del sindicato ANPE, hecha pública en noviembre, refleja que de las 2.004 actuaciones realizadas, el 71,3 % de los docentes atendidos sufrió cuadros de ansiedad, al 17,3 % se le concedió baja médica y un 11,7 % atravesó episodios de depresión. La enseñanza primaria es la etapa con más casos de ansiedad declarada (75 %). Los profesores con más de quince años de servicio presentan las tasas más altas de baja laboral y burnout.

Esa es la otra brecha que la cifra del 22 % no recoge: profesionales formados durante años, en situación de inestabilidad emocional crónica, atendiendo a más alumnos, con más carga burocrática y con menos personal de apoyo. Las administraciones lo saben. El profesorado lo lleva al límite.

La ley que llega tarde y se queda corta

El 11 de noviembre de 2025 el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 4/2019, con la entonces ministra Pilar Alegría todavía al frente. El 21 de abril de 2026, ya con María Tolón en el cargo, salió la segunda vuelta y el texto se remitió al Congreso. La norma fija para todo el Estado un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales), 25 en ESO (frente a 30), 23 horas lectivas semanales para maestros de Infantil, Primaria y Educación Especial y 18 para Secundaria y Bachillerato. El alumnado con necesidades educativas especiales computará como dos plazas en los centros sostenidos con fondos públicos.

El calendario, sin embargo, es lento: la jornada lectiva común y el cómputo doble entrarán en vigor en 2026/2027, las nuevas ratios en Primaria en 2027/2028, en Secundaria en 2028/2029 y en Bachillerato en 2029/2030, con plena vigencia en 2031/2032. Cinco cursos enteros desde que se aprobó. Toda una generación de estudiantes habrá pasado por el sistema antes de que la ley despliegue su efecto.

Y, sobre todo, el coste correrá íntegramente a cargo de las comunidades autónomas. Ahí es donde aterriza el verdadero conflicto: el Gobierno fija el suelo y traslada la factura a las consejerías, que llevan diez años acusando a Madrid de financiar por debajo de lo necesario.

El abandono como termómetro silencioso

El último dato de la Encuesta de Población Activa, publicado a comienzos de este año, situó el abandono educativo temprano en España en el 12,8 %, mínimo histórico. Buena noticia macro. Diagnóstico, sin embargo, demoledor cuando se desagrega por territorio: Murcia (20,6 %), Baleares y Andalucía superan ampliamente la media, mientras País Vasco se queda en un excepcional 3,6 %, comparable a los mejores sistemas europeos. España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea con más jóvenes que dejan los estudios sin titular en secundaria, solo por detrás de Rumanía.

Toda esa fotografía no es accidental. Es el resultado natural de un sistema en el que cada comunidad opera con normativa, calendario, salario, ratio y carga lectiva propia. Donde un mismo profesor, con la misma formación y dando la misma clase, encuentra que el código postal de su instituto vale más que su currículo a la hora de cobrar la nómina.

Lo que la huelga viene a recordar

El conflicto educativo que recorre Valencia, Cataluña y Madrid no es la queja gremial de un colectivo privilegiado, como en ocasiones se ha querido presentar. Es la advertencia ordenada y reiterada de la base profesional que sostiene la escolarización de más de 8 millones de estudiantes en España, según los datos del Ministerio de Educación. Las personas trabajadoras del aula están haciendo lo único que les queda al cabo de quince años de promesas incumplidas: descontarse el sueldo de los días de huelga, sumarse a manifestaciones después de jornada, organizar asambleas en horario lectivo robado al descanso y pelear por el derecho a hacer su trabajo en condiciones razonables. Cobran descuento por cada día parado, pagan de su bolsillo cada concentración, y aún así han ido a la huelga.

Detrás de cada paro hay un dato sencillo de explicar y difícil de cambiar: el sistema funciona a fuerza de exigirle al profesorado la capacidad de improvisar lo que la financiación no cubre. Y los datos del 22 % de poder adquisitivo perdido, las 130 horas lectivas anuales de más, las aulas con 32 alumnos y el 71 % de docentes con ansiedad ya no dejan margen a la improvisación. La educación pública es de quien la usa. Y la usan todos.

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Anteproyecto de ley de reducción de ratios y regulación de la jornada lectiva (Moncloa, 11/11/2025)

Aprobación en segunda vuelta del Proyecto de Ley (Ministerio de Educación, 21/04/2026)

Informe TALIS 2024 — Ministerio de Educación, FP y Deportes

Abandono educativo temprano 2024 — Moncloa

Informe FUNCAS sobre abandono educativo temprano 2025

Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia (BOE)

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