UGT, CCOO, CSIF y CIG paran la Seguridad Social en 15 provincias
Cuatro sindicatos inician un calendario de movilizaciones tras denunciar el incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados con la Administración. Las protestas afectan a las direcciones provinciales y servicios centrales del INSS.
Los principales sindicatos de la Administración General del Estado han abierto un frente directo con la Seguridad Social. UGT, CSIF, CCOO y CIG han iniciado el miércoles 17 de junio de 2026 un calendario de movilizaciones que afecta a las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social en quince capitales y a sus servicios centrales en Madrid. La protesta tiene su origen en el incumplimiento sistemático del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, y del Acuerdo de 29 de noviembre de 2018 sobre modernización del organismo, según denuncian las organizaciones sindicales convocantes.
El acuerdo incumplido que detona el conflicto
El detonante de las movilizaciones es el Acuerdo de 16 de mayo de 2023 firmado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social con las organizaciones sindicales más representativas del sector. Ese acuerdo recogía un conjunto de medidas dirigidas a paliar las dificultades estructurales del organismo: refuerzo de plantillas, modernización tecnológica, adaptación organizativa al envejecimiento del personal y revisión de los regímenes retributivos vinculados a las funciones de gestión y atención al ciudadano.
A los tres años de su firma, las organizaciones sindicales consideran que los compromisos no se han traducido en hechos concretos. A este incumplimiento se suma, según denuncian, el del Acuerdo de 29 de noviembre de 2018, centrado en la modernización de la Administración de la Seguridad Social, y la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado.
Quince concentraciones simultáneas a la misma hora
Las protestas arrancaron el miércoles 17 de junio entre las 11.00 y las 11.30 horas con concentraciones simultáneas de media hora de duración ante las direcciones provinciales del INSS en Madrid, A Coruña, Valencia, Logroño, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bilbao, Girona, Albacete, Oviedo, Santander, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, además de los servicios centrales del organismo en Madrid. El formato escalonado responde a una estrategia clásica de presión sindical: visibilidad alta sin interrumpir el servicio público de forma drástica, dejando margen para nuevas convocatorias si la Administración no abre la negociación.
Las cuatro centrales convocantes han subrayado el carácter de inicio del calendario. La movilización del 17 de junio no es una acción puntual, sino la primera de una serie de protestas que pueden intensificarse a lo largo del verano si los acuerdos firmados no se aplican.
Tres focos de denuncia
El malestar sindical se articula en torno a tres núcleos.
El primero es el deterioro estructural de las plantillas. La Seguridad Social arrastra una crisis silenciosa de personal: envejecimiento marcado del cuerpo funcionarial, jubilaciones masivas previstas para los próximos años, dificultades para cubrir las vacantes con las ofertas de empleo público y un crecimiento sostenido de la carga de trabajo ligado al aumento de pensiones, expedientes de incapacidad y reclamaciones derivadas de la actividad económica.
El segundo es el incumplimiento retributivo y organizativo. Los compromisos firmados para revisar complementos, adecuar la valoración de puestos y reconocer la especialización funcional no se han ejecutado en los plazos previstos.
El tercero es la percepción de inseguridad sobre derechos consolidados. Las organizaciones convocantes acusan a la Administración de impulsar medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados, entre ellos la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas semanales aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado.
Más allá del funcionariado: el efecto en la ciudadanía
Los sindicatos insisten en que la situación no es solo un problema laboral interno. La Seguridad Social es la columna vertebral del sistema español de protección: gestiona pensiones, prestaciones por desempleo, incapacidad temporal, viudedad, orfandad, ingreso mínimo vital y prestaciones por nacimiento y cuidado de menor. Cualquier cuello de botella en las plantillas se traduce en retrasos en la resolución de expedientes, mayor congestión en las citas previas presenciales y telemáticas y aumento de las reclamaciones administrativas.
La fórmula con la que las cuatro centrales sintetizan el riesgo es elocuente: los incumplimientos no solo afectan a los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos.
Qué viene ahora
El calendario de movilizaciones permanece abierto. Las próximas semanas marcarán si la Administración convoca una mesa específica para reactivar el cumplimiento del Acuerdo de 2023 o si las concentraciones del 17 de junio dan paso a un escalado mayor: paros parciales, huelgas convocadas en periodos de máxima carga administrativa o ampliación del frente al conjunto del personal de la Administración General del Estado.
Para el trabajador o pensionista que tramita ahora un expediente, el efecto inmediato puede ser un aumento de los plazos medios de resolución. Conviene recordar que los retrasos en la resolución de prestaciones generan, en determinados supuestos, derecho a intereses de demora conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común y a la propia Ley General de la Seguridad Social, aunque su reconocimiento exige reclamación previa expresa del interesado.
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDLeg 8/2015) Sede electrónica de la Seguridad Social Portal de Función Pública