Ultimátum en la Junta de Extremadura: huelga general el 11-N
Los sindicatos cifran en 35.000 los empleados públicos que cobran menos que sus equivalentes en otras comunidades.
CSIF, UGT y CCOO han activado un calendario conjunto de movilizaciones en la Junta de Extremadura que culmina, si no hay acuerdo antes, en una huelga general el 11 de noviembre. Reclaman la equiparación salarial del personal del Servicio Extremeño de Salud y de la Administración General, y cifran en más de 35.000 los empleados públicos que, según su cálculo, arrastran una desventaja retributiva cercana al 20% frente a puestos equivalentes de otras comunidades autónomas. Conviene precisar algo que en estos casos se confunde con facilidad: la huelga todavía no está convocada formalmente. Lo que hay es una fecha anunciada como límite.
Más de 35.000 empleados públicos y una brecha retributiva en torno al 20%.
Siete semanas subiendo un peldaño cada vez
El calendario está diseñado como una escalera, y cada peldaño apunta a un interlocutor distinto.
- Del 14 al 18 de septiembre: solicitud de reuniones con los grupos parlamentarios.
- 24 de septiembre: concentración ante la Asamblea de Extremadura.
- 1, 8, 15 y 22 de octubre: concentraciones dentro de los propios centros de la Administración General y del Servicio Extremeño de Salud, todos los jueves.
- 29 de octubre: concentración ante la Presidencia de la Junta.
- 11 de noviembre: huelga general en las administraciones públicas.
La secuencia no es casual. Empieza por los diputados, sigue en la calle, se traslada después a los centros donde están los trabajadores y solo al final llega a la puerta de la presidenta. Cada semana que pase sin acuerdo tiene un coste político mayor que la anterior.
El acuerdo de los docentes marca el listón
Aquí está la clave que explica el conflicto. La Junta sí ha cerrado acuerdo con el personal docente: 80 euros mensuales de entrada y hasta 210 euros al mes de forma progresiva. Ese acuerdo existe y está firmado.
Lo que reclaman ahora los tres sindicatos es que ese mismo criterio llegue a los otros dos ámbitos. La brecha que denuncian no es una cifra abstracta: en el empleo público autonómico las diferencias entre comunidades se concentran en los complementos específicos y de destino, que fija cada administración y que pueden separar bastante la nómina de dos personas con la misma categoría y las mismas funciones en territorios distintos. El régimen retributivo de estos empleados es el del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que deja ese margen en manos de cada comunidad.
Qué pasó el 22 de julio
Los sindicatos sitúan el origen del bloqueo en la reunión de esa fecha, que según su versión terminó sin propuesta económica, sin fechas concretas y sin compromiso presupuestario. Añaden que tampoco han recibido respuesta a la petición de una reunión urgente con la presidenta.
La Junta replica que la negociación sigue abierta
El Gobierno regional rechaza el diagnóstico. Fuentes del Ejecutivo autonómico sostienen que el diálogo «ha sido permanente» y responden a los sindicatos con una frase que resume su posición: «No se puede hablar de falta de diálogo ni de vías agotadas cuando la negociación continúa abierta y este gobierno mantiene intacta su voluntad». Reivindican 400 millones de euros en mejoras salariales ya acordadas para los empleados públicos y anuncian una nueva reunión «próximamente», sin concretar fecha. Eso sí, matizan que están dispuestos a seguir negociando «pero con propuestas y compromisos respaldados presupuestariamente».
No consta públicamente el nombre ni el cargo de quien hace esas declaraciones: se atribuyen a fuentes del Ejecutivo.
Entre una posición y otra hay siete semanas, una cifra de 400 millones que una parte considera suficiente y la otra no, y una fecha marcada en rojo. Cuando esa convocatoria se formalice, tendrá que registrarse con el preaviso legal y fijarse los servicios mínimos, que en el ámbito sanitario son siempre el punto más disputado.