10 denuncias de acoso en el 061 de Ibiza y el Govern sin dar una respuesta
El silencio institucional ante el acoso sistemático en el servicio de urgencias sanitarias de las Pitiüses suma meses sin respuesta mientras los afectados siguen trabajando en el mismo entorno que denunciaron.
UGT ha criticado públicamente este miércoles que el Govern balear mantiene el silencio ante las 10 denuncias por acoso laboral presentadas ante la Inspección de Trabajo y la Dirección General de Salud Laboral contra una responsable de la empresa pública GSAIB (Gestió Sanitària de les Illes Balears) en Ibiza. El servicio afectado es el del transporte sanitario urgente y programado del 061 en las Pitiüses, una empresa pública del Govern en funcionamiento desde 2018 que gestiona también las centrales de urgencias del IB-Salut. Las denuncias documentan presuntos casos de acoso laboral, represalias contra trabajadores afiliados al sindicato, comentarios homófobos y xenófobos, filtración de datos personales y trato vejatorio hacia mujeres embarazadas, todo ello atribuido a una misma responsable de área, identificada por el sindicato con las iniciales S. T. El resultado sobre la plantilla es visible: varias personas han causado baja por ansiedad y depresión directamente relacionadas con el ambiente de trabajo.
El historial que la empresa ya conocía y eligió ignorar
El conflicto no arranca hoy. En 2022 y 2023, el comité de empresa ya presentó una denuncia por acoso laboral contra esta misma responsable. La Inspección de Trabajo investigó, pero la conclusión fue únicamente una sanción leve que, según el propio sindicato, no tuvo el menor efecto disuasorio. Las conductas denunciadas continuaron. En agosto de 2025, UGT presentó cuatro nuevas denuncias ante la IT recogiendo los testimonios de trabajadores que señalaban represalias sistemáticas, presiones continuadas y un ambiente que el 80% de la plantilla identifica como tóxico. Uno de los casos documentados describe a un técnico que, tras ser agredido por un paciente en acto de servicio, causó baja psicológica y, a su regreso, fue trasladado a logística en lo que el sindicato califica de represalia encubierta. Otro relata cómo se filtraron datos personales de un delegado sindical durante su permiso de paternidad. Una trabajadora embarazada tuvo que recurrir a sus vacaciones para proteger su embarazo mientras tramitaba denuncias simultáneas ante la IT, el Defensor del Pueblo y Recursos Humanos.
En octubre de 2025, la Conselleria de Salut confirmó que el protocolo de acoso laboral estaba activo y que se había iniciado un estudio psicosocial en el hospital Can Misses para evaluar la situación de los diez técnicos de emergencias sanitarias (TES) que habían presentado denuncia. A pesar de ello, a fecha de hoy no se conoce ninguna medida concreta adoptada por la empresa ni por el Govern.
La conducta institucional de GSAIB ante las denuncias tiene un precedente especialmente revelador. En diciembre de 2024, la Inspección de Trabajo abrió un expediente por obstrucción contra la empresa por no entregar la documentación que el organismo inspector requería para verificar los incumplimientos denunciados por UGT. Según el delegado sindical Andreu Vicens, GSAIB se limitaba a pagar las sanciones económicas impuestas por la IT sin subsanar ninguna deficiencia: "Pagan con dinero del ciudadano las multas y sanciones que les ponen por su nula implicación." El expediente por obstrucción es, en ese contexto, la consecuencia lógica de una empresa que ha convertido el pago de multas en su única respuesta ante los incumplimientos denunciados.
Una empresa pública que funciona con tres personas de RR.HH. para 900 trabajadores
El problema del acoso convive con una estructura organizativa que difícilmente puede gestionarlo. Según UGT, solo tres administrativos en el área de Recursos Humanos de GSAIB gestionan los trámites laborales de más de 900 empleados en todo el archipiélago balear, lo que provoca retrasos sistemáticos en nóminas, permisos y gestiones básicas. La sede está en Palma, y la distancia con las bases de Ibiza y Formentera agrava la sensación de abandono. El propio delegado de UGT en Ibiza, Vicente Nadal, ha resumido la posición del sindicato con una frase que circula entre la plantilla desde hace meses: apartar a la responsable señalada de su puesto resolvería, en su estimación, entre el 60 y el 70% de los problemas laborales actuales del servicio.
El Govern balear, cuya Conselleria de Salut es la tutora del ente, no ha respondido públicamente a las denuncias de hoy. La próxima actuación conocida es la del propio organismo inspector: la IT deberá pronunciarse sobre las diez denuncias activas y, en paralelo, resolver el expediente de obstrucción abierto contra la empresa en diciembre.