El Gobierno confirma la jornada de 35 horas para funcionarios en 2026: a quién afecta y cuándo se aplicará
El Gobierno ha confirmado en 2026 el inicio del proceso para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). Se trata de una medida comprometida desde 2022 que, tras varios retrasos, comienza ahora su tramitación formal.
La reducción de jornada afectará inicialmente a unos 250.000 funcionarios y supondrá pasar de las actuales 37,5 horas semanales a 35, equiparando a la Administración central con otras administraciones públicas que ya aplican este horario.
¿En qué consiste la jornada de 35 horas?
La medida contempla:
- Reducción de la jornada semanal de 37,5 a 35 horas
- Aplicación en la Administración General del Estado
- Desarrollo mediante nuevas instrucciones de jornada y horarios
- Implantación negociada con los sindicatos
No supone una reducción salarial, sino una mejora de las condiciones laborales mediante una reorganización del tiempo de trabajo.
¿A quién afecta la medida?
Funcionarios de la Administración General del Estado (AGE)
Son los principales afectados en esta primera fase:
- Personal de ministerios
- Organismos y entidades dependientes de la AGE
- Aproximadamente 250.000 empleados públicos
¿Afecta a todo el sector público?
No de forma automática.
- Muchas comunidades autónomas y entidades locales ya aplican las 35 horas
- Esta medida equipara a la Administración central
- La extensión a otros ámbitos deberá negociarse caso por caso
Calendario previsto: ¿cuándo se aplicará?
El Gobierno no ha fijado una fecha cerrada, pero ha confirmado que:
- El proceso se inicia en 2026
- La implantación podría producirse entre febrero y marzo
- Otra opción es vincularla a los Presupuestos Generales del Estado de 2026
En febrero se prevé la reunión de la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente, donde se informará a subsecretarios y responsables de personal de los ministerios.
Un compromiso pendiente desde 2022
La jornada de 35 horas forma parte del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022 entre el Gobierno y los sindicatos.
Aunque el acuerdo ya recogía esta medida, su aplicación se ha retrasado durante más de tres años, algo que las organizaciones sindicales han criticado de forma reiterada.
Qué dicen los sindicatos
CCOO y UGT
- Valoran positivamente el inicio del proceso.
- Reclaman que la medida se extienda a Instituciones Penitenciarias.
- Piden recuperar la jubilación parcial anticipada.
- Exigen avances en:
- teletrabajo
- promoción interna
- indemnizaciones por razón de servicio
CSIF
- Celebra la implantación, pero critica el retraso acumulado.
- Recuerda que las 35 horas ya existen en otras administraciones.
- Reclama una aplicación rápida y homogénea.
Relación con la subida salarial
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha afirmado que la jornada de 35 horas se implantará “tan pronto como sea posible”.
No obstante, el Gobierno ha señalado que la prioridad inmediata del acuerdo ha sido la subida salarial, con incrementos del 4 % que ya se están reflejando en las nóminas de más de tres millones de empleados públicos.
El principal punto de fricción ahora es el ritmo de implantación de la reducción de jornada.
¿Tiene impacto fuera del sector público?
De forma directa, no.
Pero sí puede tener efectos indirectos:
- Aumenta la presión sindical en convenios colectivos.
- Alimenta el debate sobre la reducción general de jornada.
- Se conecta con propuestas como:
- jornada de 37,5 horas
- horizonte de 32 horas semanales
Para autónomos y pymes, puede traducirse en demandas similares en futuras negociaciones colectivas.
Resumen rápido de la medida
Funcionarios AGE
Jornada: 35 h semanales
Aplicación: 2026
Impacto: Reorganización de horarios
Sector público mixto
Jornada: Posible extensión
Aplicación: Desde 2027
Impacto: Negociación futura
Empresas privadas
Jornada: Impacto indirecto
Aplicación: 2026–2028
Impacto: Presión en convenios
Conclusión
La confirmación de la jornada de 35 horas para funcionarios en 2026 supone un cambio relevante en la Administración General del Estado y el cumplimiento de un compromiso pendiente desde 2022.
Aunque su aplicación se limita por ahora al sector público estatal, la medida refuerza el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo y puede influir en futuras negociaciones laborales tanto en el ámbito público como privado.
El alcance real dependerá del calendario final y de cómo se implemente en cada organismo.